Vente Venezuela, el partido político liderado por la precandidata presidencial María Corina Machado, acusó a los líderes de tres de los principales partidos de oposición de tratar de “implosionar” la consulta interna.
Henry Alviarez, coordinador nacional de Vente Venezuela, señaló a las cúpulas de los partidos Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo (UNT) y Acción Democrática (AD) de exigirle a la Comisión Nacional de Primaria, ente rector de organizar el proceso, que solicite el apoyo técnico del CNE.
“Es poner en manos del régimen cosas estratégicas de la oposición, es decir, ellos van a saber en qué centros participa la oposición, cuáles son nuestros operarios y al final con toda esta información en su ingeniería electoral perversa, puedan hacer lo necesario, aplicar lo necesario para desestimular y evadir el voto ciudadano que claramente se opone a este sistema criminal”, dijo el lunes.
El dirigente reiteró la exigencia de su partido de que todos los venezolanos en el exterior también participen en el proceso, que sea de forma manual y sin intervención del organismo para evitar “desestimular” la participación ciudadana.
Consultada por la Voz de América, la diputada del Parlamento de 2015 y presidenta de Primero Justicia, María Beatriz Martínez, rechazó los señalamientos y exigió respeto por la “autonomía” de la Comisión de Primaria que, desde su instalación en noviembre del año pasado, ha llevado a cabo consultas con distintos sectores de la sociedad civil.
“Si algo es fundamental para nosotros en este momento es ir a través de un proceso de elecciones primarias que unifique a toda la oposición venezolana. Estamos muy claros que no es un sector ni es un segmento de la oposición venezolana la que puede definir los intereses y las condiciones técnicas de participación”, expresó.
Martínez rechazó la implementación de lo que calificó como una “estrategia divisoria” que solo apoya el objetivo que, según dijo, tiene el presidente Nicolás Maduro de “mantener el voto opositor dividido” para permanecer en el poder.
“Declaraciones destempladas que pretendan generar presiones indebidas al proceso nos parecen muy inconvenientes, además de irrespetuosas en medio de unas circunstancias que demandan mucha responsabilidad en el ejercicio de preservar dichas primarias”, añadió.
Darwin González, dirigente del partido Fuerza Vecinal, opinó que es necesario “respetar” las reglas trazadas por la Comisión Nacional de Primaria.
“El que se salga de esa línea tendrá que explicarle al pueblo de Venezuela las consecuencias de sus actos”, dijo el lunes.
El fin de semana el precandidato presidencial por el partido La Causa R, Andrés Velásquez, también cuestionó la posibilidad de que el poder electoral intervenga en la consulta opositora y lo consideró “inaceptable”.
“Hemos recibido información por distintas fuentes de que el CNE estaría proponiéndole a la Comisión de Primaria acceder al uso de los centros electorales, solo si se acepta el apoyo técnico (máquinas) y la custodia del proceso manejada por el Plan República”, expuso en las redes sociales.
La semana pasada, la Comisión Nacional de Primaria, que el miércoles anunciará la fecha y el cronograma del proceso de la consulta opositora, informó que instaló una comisión técnica con el CNE para evaluar la posibilidad de utilizar los centros de votación, así como la organización de jornadas especiales de inscripción de nuevos votantes.
“Seguimos comprometidos con el mandato de producir, en consulta permanente con factores políticos y sociales, atendiendo sus planteamientos, un evento electoral ciudadano, seguro y transparente para el futuro democrático de Venezuela”, destacó la Comisión de Primaria en un comunicado.
La Plataforma Unitaria de la oposición ha insistido en que el proceso de primaria presidencial “es una herramienta de lucha acordada de manera unánime por todas las fuerzas políticas para la legitimación del liderazgo y la construcción de la unidad superior con la decidida participación de la ciudadanía a través del voto”.
La fragmentación de la oposición quedó en evidencia cuando en diciembre el Parlamento de mayoría opositora, que por tercera vez consecutiva extendió su mandato, decidió disolver al interinato y dejar en el ejercicio de funciones al Consejo de Administración y Protección de Activos.