El segundo hombre fuerte del chavismo promete que presentarán la próxima semana un borrador de ley para regular las ONG. La presidenta de una organización civil asegura que esas asociaciones son “una piedra en el zapato para el poder” en Venezuela.

El chavismo anunció que presentará una ley para regular el financiamiento y la actuación de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela, a las que suele acusar de servir a los intereses de otros países, como Estados Unidos.

Diosdado Cabello, considerado el número dos del oficialismo venezolano, solo luego del presidente Nicolás Maduro, reveló la noche del miércoles que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) prevé presentar un borrador de la normativa para fiscalizar las ONG.

“La semana que viene, nosotros vamos a introducir ante la AN una propuesta de ley que regule el financiamiento, funcionamiento y uso de las mal llamadas organizaciones no gubernamentales”, expresó Cabello, hoy diputado, en su programa de televisión.

Según el militar retirado y exvicepresidente del poder ejecutivo, la intención del Estado venezolano es promover una ley que permita “ver de dónde viene esa plata”, en referencia a los fondos con los que operan esas organizaciones no gubernamentales.

“Ya basta, conspiran contra el país (…) el que no la debe, no la teme”, añadió. “Esas no son ONG, no dependen del Estado bajo ninguna figura, es verdad, pero dependen del Estado gringo, dependen del imperialismo”, acusó el primer vicepresidente del PSUV.

El chavismo ya había anunciado hace dos años, cuando ganó la mayoría del Parlamento nacional por la ausencia de la oposición en las boletas electorales de esas votaciones, que prepararía una normativa para regular el funcionamiento de las ONG.

La Alta Comisionada para Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la también expresidenta chilena Michele Bachelet, manifestó entonces su preocupación por la revelación e incluyó sus inquietudes en su informe sobre la materia en Venezuela.

“Me preocupa el anuncio de que se aprobará una legislación que sancione a las organizaciones de derechos humanos que reciben financiamiento del exterior, así como el señalamiento público a ONG (…) hemos registrado casos de allanamientos de la sede de un partido político, ONG, y oficinas de medios de comunicación”, denunció en 2020.

Piedra en el zapato

Las críticas contra las organizaciones no estatales en Venezuela datan de los primeros años de gestión del expresidente Hugo Chávez, quien solía culparlas de recibir dinero de países extranjeros a cambio de “ataques” reiterados contra su gestión y su persona.

Esas asociaciones de corte civil han sido clave en la última década para investigar, registrar y denunciar violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Decenas de ellas se enfocan en asuntos como libertad de expresión, derechos en las cárceles, seguridad nacional, transparencia y prácticas anticorrupción, derechos laborales y educativos, entre otros.

El gobierno de Maduro enfila contra las ONG luego de sentir que “acabó” con la oposición, tras el fin del gobierno interino de Juan Guaidó, y “amordazó” a los medios de comunicación, opina la presidenta de la organización Control Ciudadano para la Seguridad, Defensa y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la abogada Rocío San Miguel.

La Ley buscará cerrarle las puertas a lo que queda de sociedad civil organizada”
Rocío San Miguel, presidenta de una ONG venezolana

“Las restricciones y criminalización a las ONG afectarán áreas de acción humanitaria en todo el país, su papel como observadores electorales y de vigilancia de la corrupción, tortura, detenciones ilegales y ejecuciones extrajudiciales”, afirma a la Voz de América.

Según San Miguel, las ONG “continúan siendo una piedra en el zapato para el poder” en Venezuela, una nación donde, dice, “hay personas que están vivas y libres” gracias a ellas.

Una norma como la prometida esta semana por Diosdado Cabello “buscará cerrarle las puertas a lo que queda de sociedad civil organizada”, dijo.

La organización Venezuela Sin Filtro, que promueve los derechos digitales y de libre información, calificó el anuncio de Cabello como “una amenaza contra la independencia de las organizaciones y un intento por evitar el trabajo de documentación y denuncia”.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) indicó, por su lado, que el intento de controlar y limitar el trabajo de las ONG “es una vieja aspiración del chavismo” y aseguró que ese tipo de propuestas de ley datan de hace 17 años, luego que en 2006 se presentara un borrador de normativa para fiscalizar la “cooperación internacional”.

La promesa del chavismo de introducir una ley que regule sus operaciones ocurre en momentos cuando políticos cercanos al gobierno de Nicolás Maduro, como Jorge Rodríguez, critican el retraso en la asignación de recurso congelados en el extranjero para el fondo de corte social que se acordó en las negociaciones de México, en noviembre.

El presidente de Nicaragua y estrecho aliado de Maduro, Daniel Ortega, dio su visto bueno hace 10 meses a una ley que regula y controla a las ONG. Entonces, se denunció que no menos de 100 de estas organizaciones habían sido ilegalizadas en los últimos años.

Según el sandinismo, esas organizaciones “son susceptibles de ser utilizadas por el crimen organizado transnacional” para lavar activos y financiar el terrorismo.