Mucha confusión se ha generado con la inminente exigencia de la denominada “certificación de saberes” para conductores.

Todo surge de una “norma” implantada por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre en una Gaceta Oficial publicada el 1 de marzo de 2021. Allí se indica que este nuevo requisito será exigido a los profesionales del volante a partir del 1 de marzo de 2023.

En principio, entonces, no se trataba de una decisión aplicable a todos los conductores, sino solo a quienes ejercen un manejo profesional. Ahora, el propio INTT publica un aviso en el que dicha certificación también será exigida a quienes tramiten la licencia por primera vez, independientemente del uso que den a este permiso.

Por otra parte, hay ciertos costos asociados a la obtención de esta certificación de saberes. Hay que aprobar un curso en una escuela autorizada para impartirlos. Una lista suministrada por el propio organismo indica que en todo el país solo hay 36 “escuelas de transporte autorizadas”. En Libertador hay tres, y otras nueve en Miranda. Muchas de ellas, como la del Sitssa y el Metro, pertenecen al propio régimen chavista.

Ninguna de ellas imparte cursos para licencia de segundo grado, requerida para manejo de motocicletas. En una “autoescuela” con sedes en Libertador y Chacao informaron que el curso cuesta 130 dólares y dura cuatro días.

Cada día consta de una sesión de hora y media. “Luego, si se aprueba, notificamos al INTT y ellos emiten la certificación por correo electrónico”, informó una empleada.

Además, hay que pagar a Tránsito Terrestre el costo asociado a la tramitación del documento. Todo esto configura una situación en la que los conductores, tanto principiantes como profesionales, desde los taxistas hasta los camioneros, se verán sometidos a enormes presiones a partir del 1 de marzo, en especial por los funcionarios que comenzarán a exigir el cumplimiento de este requisito.

Desde luego, el riesgo de abusos, extorsiones y concusiones estará a la vuelta de la esquina.