La falta de reactivos y de inversión en las plantas de tratamiento de agua de Venezuela, que, según expertos, son de las mejores de América Latina, ocasiona que el agua que llega a los hogares no cumpla con los estándares de calidad internacionales.

Es frecuente que, en redes sociales, surjan mensajes con denuncias sobre la calidad del agua que llega a los hogares de Venezuela y, desde la semana pasada, tras las fuertes lluvias que se han registrado en el país, las quejas abundan.

Desde Caracas, especialmente en la última semana, tuiteros suben imágenes y describen que el agua ha estado llegando, “amarilla”, “turbia” y “color panela”, en alusión al papelón, un ingrediente típico de la cocina venezolana, de color marrón, que proviene de la caña de azúcar.

Expertos precisan que no es necesario someter el agua a pruebas de laboratorio para determinar que, en muchos casos, el agua turbia que emana de los grifos no es potable; sus características organolépticas lo dejan en evidencia, no siempre es incolora y en varias ocasiones no es inodora ni insípida, pero ¿por qué ocurre?

Consultado por la Voz de América, José María De Viana, ingeniero civil y expresidente de la Hidrológica de la Región Capital (Hidrocapital), explica que el agua proveniente de los ríos y embalses deben pasar por plantas de tratamiento destinadas a tomar “el agua cruda y convertirla en agua potable”.

Recipientes con agua insalubre recogidos por vecinos del barrio de Petare, una zona popular de Caracas, Venezuela, el 18 de octubre de 2022.

El agua, detalla el experto, según normas internacionales, debe ser sometida a un proceso de clarificación, filtración y desinfección. Pero en Venezuela, a pesar de contar con una infraestructura “maravillosa”, las plantas de tratamiento, “operan muy mal” por el “deterioro en las instalaciones”, consecuencia de la falta de inversión.

“Hay bombas, motores y elementos de los sedimentadores dañados. Al no funcionar las operaciones unitarias, que están destinadas a potabilizar el agua, pasa por esos procesos y llega al final más o menos como entra, cuando eso ocurre el agua no solo no es potable, sino que no se puede desinfectar”, sostiene el profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

De Viana subraya que, otra de las razones que dificultan el proceso, es el déficit de alumbre y gas cloro, reactivos químicos fundamentales. Además, destaca la importancia de que la información respecto a las plantas de tratamiento sea de acceso público.

Al respecto, María Eugenia Gil, representante de la Fundación Agua Clara, resalta que el sulfato de aluminio se dejó de producir tras un cierre técnico de una de las empresas estatales que lo producían en 2017.

“En el Tablazo, donde se produce el gas cloro, ha habido una reducción gigantesca de la producción, solo se produce el 5%. En ese panorama, tuberías rotas, viejas, plantas sin reparar, plantas de tratamiento que no están funcionando, vamos a tener agua sucia, por lo tanto, la recomendación es que hiervan el agua”, insiste.

De acuerdo al más reciente informe de HumVenezuela, hasta marzo, un 82% de la población estaba expuesta al consumo de agua “no potable, como consecuencia de la falta de cobertura de las plantas de tratamiento y despresurización del sistema de acueductos”.

Hasta entonces, 19,1 millones de personas “necesitaba conexión a un servicio de agua suministrado de forma regular. Estaban más afectadas 15,9 millones que pasaban semanas y hasta meses sin recibirla y debían recurrir a fuentes alternativas de abastecimiento no seguras”, expone la investigación de la plataforma que reúne a 90 organizaciones de la sociedad civil y se dedica a monitorear la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) que vive el país desde el 2016.

El informe resalta que las principales fuentes de agua en el país están “en riesgo” por las actividades de explotación de oro y otros minerales, así como por los constantes derrames petroleros.

“A su vez, no se ha realizado el mantenimiento y rehabilitación adecuada de los sistemas de acueductos ni de las plantas de tratamiento, impactando de forma directa el acceso de la población al agua potable”, precisa.

Gil sostiene, además, que el hecho de que el agua no llegue constantemente, ocasiona que las tuberías se despresuricen, permitiendo el ingreso de “bacterias”.

“Por eso es que tenemos una enorme cantidad de personas, 21 y pico de millones, que dicen que el agua está saliendo sucia, cómo no va a salir sucia”, manifestó la semana pasada durante una presentación del Observatorio Social Humanitario.

Jesús Armas, director de Monitor Ciudad, una ONG dedicada a la promoción de problemas ciudadanos, alertó el lunes en Twitter que en las últimas horas han recibido una “gran cantidad” de denuncias respecto a la calidad del agua. “Esto está asociado a los efectos de las lluvias sobre los embalses y a los graves problemas con las plantas de tratamiento”, agregó.

“Esto al igual que la tragedia de Tejerías es algo que se pudo evitar con mantenimiento. Al igual que las fallas en el suministro, responsabilidad de Maduro, sus ministros y sus directores”, escribió.

Según el más reciente estudio de percepción ciudadana realizado por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP), la percepción negativa del servicio de agua aumentó de 58,9 % en enero a 61,9 % en mayo de este año.

La “inconstancia y la falta de suministro de agua” por tuberías, fueron las principales razones de la valoración negativa del servicio.

El presidente Nicolás Maduro admitió en agosto que, respecto al tema de suministro de agua, “falta mucho por hacer” y tras exponer que reciben decenas de denuncias diarias, aseguró que atienden “un promedio de 60 % en tiempo real”.

Maduro manifestó que su gobierno debe lograr la meta de llevar agua al 95 % de los hogares para fin de año. “Usted pare, usted llora, pero usted me cumple esa meta”, le dijo a su ministro de Atención de las Aguas, Rodolfo Marco Torres.

Sin embargo, ya en diciembre del 2021 había prometido que resolverían “al 100 %” los problemas de suministro de agua en el país en el primer semestre de 2022.

En 2010, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), reconoció en explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento.